Inmovilizados por la Tarantula de la Burocracia Peruana (Altavoz)

Las tarántulas inmovilizan a sus presas inyectándoles enzimas que las digieren vivas por dentro, para luego ingerir su contenido disuelto y dejar solo la envoltura exterior. Si bien por afuera muchas veces la victima parece estar viva, en realidad solo es un cascaron, es decir, ha sufrido una muerte espeluznante. El estado Peruano se comporta exactamente de la misma forma, como pasaremos a ver.

Hace dos meses, una persona a quien no nombraremos compró una tarántula disecada dentro de una caja de vidrio en un conocido mercado de artesanías en Miraflores, con la idea de llevarla de regalo al extranjero. Como estas ventas se hacen en lugares formales, a la luz del día, y a vista y paciencia de todo tipo de inspectores, nuestro amigo supuso que no estaban prohibidas. Además, como las tarántulas no son especies amenazadas ni en peligro de extinción, no hubo ningún cargo de conciencia ni sospecha de que estaba haciendo algo ilegal.

Cuando abordaba su vuelo internacional en el aeropuerto, la tarántula fue confiscada. Se le dio una constancia y se le pidió que envíe sus descargos por correo electrónico, lo cual procedió a hacer, explicando detalladamente que las ventas se hacen en un lugar formal y para turistas que las compran con el evidente objeto de sacarlas del país. El correo electrónico nunca recibió respuesta.

Ya de regreso en el Perú, nuestro amigo recibió una notificación de 14 páginas escritas en un exuberante lenguaje burocrático y que luego de hacer referencia a numerosas leyes y reglamentos, le aplicaba sin misericordia una multa de 365 soles y lo conminaba al pago inmediato para evitar el cobro coactivo.

Pagar la multa fue un episodio Kafkiano porque una vez hecho el pago en el Banco de la Nación, se le exigía “apersonarse” (es decir, ir) al Ministerio de Agricultura llevando el comprobante. Al llegar, le informaron que el comprobante no podía  ser recibido a no ser que este acompañado de una carta (cuyo único contenido, evidentemente, era decir ¡que se estaba adjuntando el comprobante!). Al reclamar  porque no se ponen avisos en los puntos de venta diciendo que comprar tarántulas está prohibido, o mejor aun, porque no se decomisan las tarántulas, la tristemente predecible respuesta de los aletargados funcionarios fue el célebre “eso no nos corresponde a nosotros.”

Esta es la historia de un ciudadano que por cometer una infracción menor y sin intención de cometer un acto ilegal, entra en un laberinto burocrático para pagar una multa desproporcionada, perdiendo tiempo y ganando frustraciones. Mientras esto sucedía, decenas de miles de mineros ilegales destruían para siempre la biodiversidad de 40,000 hectáreas de nuestra Amazonia en Madre de Dios, miles de delincuentes bloqueaban carreteras protestando contras las inversiones privadas, y turbas incitadas por agitadores profesionales destruían instalaciones de empresas mineras formales que operan dentro de la ley. A esos no les pasa nada porque el Estado no se atreve a meterse con ellos. Son los ciudadanos comunes y corrientes y los empresarios formales los que, atrapados por las numerosas tarántulas del Estado peruano, van siendo digeridos gradualmente por sus macabras y groseras burocracias.

Nota: El autor considera que no se debería vender ningún tipo de animal silvestre, vivo o muerto, en ningún mercado.